Tras el fallo judicial, el Centro Prodh demandó garantizar la preservación y transferencia de los expedientes al Archivo General de la Nación mediante una comisión independiente
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Tribunal ordena a SEDENA entregar archivos de la Guerra Sucia
Por: Pilar Mansilla
La apertura de los archivos militares de la llamada Guerra Sucia deberá traducirse en la entrega efectiva de expedientes y no limitarse al cumplimiento formal de una sentencia, advirtió el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), por lo que demandó que la Secretaría de la Defensa Nacional permita identificar, preservar y transferir al Archivo General de la Nación la documentación que todavía permanece bajo control castrense.
Tribunal Colegiado resuelve incumplimiento de SEDENA en transparencia
La exigencia se planteó después de que el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió el amparo en revisión 43/2025 y determinó que la SEDENA ha incumplido con su obligación de transparentar los expedientes relacionados con desapariciones, persecución política y otras violaciones graves a derechos humanos cometidas durante ese periodo.
Después de que, en la sesión del 6 de agosto, el órgano jurisdiccional concedió por mayoría de dos votos la protección de la justicia federal a Alicia de los Ríos Merino, hija de Alicia de los Ríos Merino, desaparecida desde 1978, quien acudió a tribunales ante las restricciones para conocer documentación militar que pudiera aportar información sobre el paradero de su madre.
Comisión independiente supervisará transferencia de archivos militares
Las magistradas Sandra Janet Hernández Chávez y Ana María Ibarra Olguín respaldaron la resolución, que además estableció la necesidad de constituir una Comisión de Transferencia de Archivos independiente de la Sedena para supervisar la localización y traslado de los expedientes.
En ese grupo deberá participar personal del Archivo General de la Nación, con el propósito de que la revisión de los documentos no quede exclusivamente en manos de la institución militar y exista un procedimiento verificable para determinar qué información debe incorporarse al acervo público.
El Centro Prodh y ARTICLE 19, organizaciones que acompañan jurídicamente a De los Ríos Merino, consideraron que la integración y funcionamiento de esa comisión será uno de los puntos determinantes para que el fallo tenga efectos reales.
Plantearon que el mecanismo deberá garantizar la conservación íntegra de los documentos, transparentar el proceso de revisión y comprobar que los expedientes correspondientes sean enviados al Archivo General de la Nación sin exclusiones injustificadas.
