La misión Taddei: destruir al INE

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, enfrenta críticas por nombramientos y casos de conflicto de intereses que afectan la confianza en el instituto.

La misión Taddei: destruir al INE

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Juan Ortiz

Guadalupe Taddei le está haciendo el trabajo sucio a Morena. Su gestión acumula escándalos alrededor de sus colaboradores y concentra nombramientos que antes aprobaba el Consejo General. Así alimenta el desprestigio del INE que el oficialismo necesita para justificar su reemplazo. 

La reacción de Sheinbaum ante los reportajes de esta semana muestra hacia dónde apunta el golpe. Exigió explicaciones al Instituto Nacional Electoral, cuando es Taddei el origen. Es decir, el señalamiento presidencial recae sobre la institución, aunque las revelaciones apuntan al equipo de su presidenta. 

EL CHOFER

Los periodistas Érika Hernández y Rolando Herrera documentaron en Reforma que Jonathan Navarrete Torres, registrado como chofer de Taddei, tiene poderes legales para representar a Corporativo Zeg, proveedora de materiales electorales. Recibió ese poder en junio de 2023 y entró a la nómina del INE en abril de 2025.  

Al día siguiente, Érika Hernández reveló que trabajadores del INE desconocían al supuesto chofer, quien cobra 45 mil 765 pesos mensuales. Hasta el secretario ejecutivo interino desconocía si trabajaba ahí y anunció que solicitaría un informe. 

Además, Navarrete omitió ese vínculo empresarial en su declaración patrimonial. Taddei tiene que explicar qué trabajo realiza alguien que cobra en su oficina y representa intereses de una proveedora. 

Y hay un antecedente que agrava el caso. Taddei nombró encargado de Administración del INE a Jesús Octavio García González, quien había representado a Zeg y Cajas Graf. Ambas empresas ya recibían contratos desde que ella presidía el instituto electoral de Sonora. 

La UIF bloqueó sus cuentas en 2023 por sospechas de lavado de dinero, aunque las empresas revirtieron el bloqueo mediante amparos.

DIVISIONES

Taddei mantiene enfrentamientos con consejeros por los nombramientos desde que asumió la presidencia en 2023. Sin los ocho votos necesarios para aprobar titulares, recurrió a encargados de despacho. En octubre de 2024, 11 de 19 áreas funcionaban bajo esa figura. 

Morena y sus aliados le quitaron ese obstáculo mediante la reforma electoral publicada el 14 de octubre de 2024. Le dieron facultades para nombrar directamente a responsables de direcciones ejecutivas y unidades técnicas. En enero de 2026, la Suprema Corte dejó vigentes esas facultades. 

Después, las tres nuevas consejerías incorporadas en abril reforzaron su bloque. Pero tener mayoría tampoco acabó con los cuestionamientos. 

El 10 de septiembre, Arturo Castillo denunció 12 nombramientos sin consentimiento del Consejo General y 836 despidos. También acusó a las áreas de bloquear información a los consejeros. 

Arturo Chávez, cercano a Sheinbaum, respondió que algunos renegaban del instituto por perder privilegios y se sumaban a una campaña para desprestigiarlo. Así, el bloque de Taddei descalificó a quienes exigían cuentas sobre decisiones de su presidenta. 

EL REGALO PARA MORENA

Ese desgaste favorece un proyecto que López Obrador presentó en 2022. Su reforma electoral planteaba sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, con consejeros elegidos mediante voto popular. 

El oficialismo gana terreno si la gente vincula al INE con los escándalos de Taddei. Hasta los consejeros que exigieron cuentas cargan con ese desprestigio. Sheinbaum refuerza esa idea al reclamar respuestas a la institución sin nombrar a quien origina los escándalos.

Morena lleva años intentando crear su propio instituto electoral. Los escándalos de Taddei le ayudan a vender esa sustitución como una respuesta contra la corrupción. Así gana argumentos para cambiar a los integrantes que vigilarán sus próximas campañas electorales. 

EL DATO INCÓMODO

El gobierno de Sheinbaum prepara un cobro de 2% sobre dispositivos capaces de almacenar o reproducir contenido, incluidos celulares y computadoras. El País obtuvo el proyecto: pagarían importadores y vendedores, que advierten que trasladarían el costo al comprador. La recaudación podría llegar a 2 mil millones de pesos anuales.

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