Diputados de Morena rechazaron medidas para proteger a personas con discapacidad durante la espera de la aplicación del nuevo código.
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Morena patea la justicia que prometió
Por: Juan Ortiz
Morena nos prometió una justicia más cercana y rápida, pero sus diputados aprobaron darse cuatro años más para cumplir. Llevaron hasta julio de 2031 el plazo para aplicar en todo México el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que López Obrador promulgó en 2023.
Y es que Morena aprobó cambiar las reglas de los juicios y después impuso la elección de juecessin garantizar dinero suficiente para ambas reformas. Ahora alarga el plazo para modernizar los tribunales y mantiene las diferencias entre los procedimientos que aplican los estados.
LA PROMESA
El código establece reglas comunes para tramitar los juicios civiles y familiares. Incluye audiencias orales y trámites digitales para agilizar asuntos como pensiones alimenticias y divorcios. Los tribunales debían tener todo listo a más tardar el primero de abril de 2027.
El cambio afecta la mayoría de los asuntos que llegan a los juzgados estatales. Según el Inegi, recibieron 2.2 millones de casos en primera instancia durante 2024. Casi 70% correspondió a las materias civil y familiar, que sumaron más de 1.54 millones.
Desde octubre de 2023, el exministro Pardo Rebolledo advirtió que los tribunales necesitaban instalaciones y personal capacitado para aplicar el código. Señaló que reducir presupuestos dificultaría cumplirlo. Pero luego llegó la reforma judicial.
DOS REFORMAS
Mientras los tribunales preparaban el código, Morena aprobó la reforma judicial de septiembre de 2024. En 2025, las elecciones abarcaron 881 cargos federales y mil 800 locales en 19 entidades. Los juzgados debían seguir resolviendo casos durante ese cambio de autoridades.
Justicia Abierta encontró que 663 de los 877 electos en el ámbito federal nunca habían dirigido juzgados o tribunales. De ellos, 481 tenían experiencia en la carrera judicial. Los tribunales debían recibir a nuevos titulares y preparar a quienes resolverían asuntos civiles y familiares con el código.
Morena volvió a mover las fechas y en junio trasladó a 2028 la elección de los cargos judiciales restantes. Ahora sus diputados extendieron hasta 2031 el plazo para aplicar el código.
Durante la discusión en San Lázaro, Ricardo Monreal presentó la reserva para cambiar la fecha de abril de 2030 que proponía el dictamen por julio de 2031. La votación final quedó en 367 votos a favor y 60 en contra, con dos abstenciones.
Además, Morena rechazó la reserva de Olga Sánchez Cordero para proteger a personas con discapacidad y adultos mayores durante esa espera. Su propuesta buscaba que recibieran ayuda para ejercer sus derechos sin que un juez sustituyera su voluntad. La minuta pasó al Senado sin eso.
FALTA DINERO
El Poder Judicial capitalino calculó en diciembre de 2024 que implementar el código costaría mil 433 millones de pesos. Entre las instalaciones que necesitaba estaban 71 salas para celebrar audiencias orales.
Para 2026 solicitó 17 mil 345 millones para su operación y proyectos, incluidas ambas reformas. El Congreso local aprobó 8 mil 190 millones, apenas 47.2% de lo solicitado. Con ese dinero debe sostener el trabajo diario de los juzgados y pagar los cambios que ordenaron los legisladores.
Además, los diputados prohibieron reducir el dinero de los programas sociales federales para financiar los cambios en los tribunales. Y al mover el plazo hasta 2031, le dieron a Sheinbaum permiso para terminar su gobierno sin completar la modernización de los juicios civiles y familiares en todo el país.
EL DATO INCÓMODO
El Inegi registró 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes en trabajo infantil en México. De ellos, 1.8 millones realizan labores prohibidas para su edad o peligrosas. Entre quienes hablan una lengua indígena, trabaja uno de cada cuatro.
